Diccionario contra la corrupción

La palabra coerción es importante en la lucha contra la corrupción debido a que describe la práctica principal empleada por aquellos involucrados en la corrupción (estructurada). La posibilitan instrumentos que le permiten al presidente y a otros agentes políticos presionar a jueces, fiscales y demás funcionarios públicos al amenazarlos con la pérdida de su cargo, de sus recursos o de beneficios que afectan el bienestar personal o familiar.

En América Latina se asume comúnmente que la persona objeto de coerción, al igual, posee libre albedrío. Como no está siendo físicamente forzada, se presupone que esta mantiene la habilidad de guiarse por su brújula moral (decir «no» y atenerse a las consecuencias). Se percibe que la coerción solo ejerce efecto cuando falta el buen carácter moral y, en consecuencia, que el problema se encuentra en la víctima y que la solución está en cambiarla por una con principios.

Esta definición ignora que tras la presión y la amenaza se esconde la fuerza del castigo. Quien se ve amenazado pierde su libertad en igual magnitud a la fuerza del ataque previsto. Por ejemplo, ante un asalto con un arma de fuego, la víctima sigue físicamente libre; sin embargo, pocas personas cuerdas ignorarían los mandatos del agresor. Esto no implica vileza moral, sino ausencia de libertad. Por ende, el problema radica en la existencia de dicha presión, y la solución está en eliminar los instrumentos que posibilitan ejercerla.

La independencia cobra importancia en la lucha contra la corrupción debido a que su ausencia (es decir, la presencia de dependencias) facilita la corrupción estructurada. La dependencia se establece cuando el bienestar (p. ej., los cargos, recursos, etc.) de los jueces, reguladores y otros funcionarios o el de sus familiares está en las manos del presidente u otro agente político, y la independencia, cuando no lo está.

En América Latina, la palabra independencia suele definirse como la ‘cualidad de imparcial’. Por tanto, se conceptualiza como un rasgo del carácter: una decisión voluntaria de no ser un servil (quien se rinde a la voluntad de otro de modo rastrero). En consecuencia, se percibe que el problema se encuentra en el carácter de aquel que se subordina al poder de otro, y la solución está en cambiar al sujeto en cuestión por otro con capacidad y voluntad de actuar con independencia.

Esta definición ignora que la independencia describe un estado en el que no hay dependencias. La dependencia significa una relación entre patrón y dependiente, en la que el patrón controla recursos que determinan el bienestar del dependiente. Esto liga el bienestar del dependiente a los intereses del patrón, lo cual implica la pérdida de su propia libertad e imparcialidad. Por esta razón, el problema reside en la estructura de poder dentro del Gobierno, y la solución está en eliminar las dependencias que crean conflictos de intereses.

La palabra imparcial es importante debido a que la justicia requiere que el proceso de decisión gubernamental no muestre favoritismos. La imparcialidad se produce por la ausencia de conflictos de intereses (una condición situacional) y de prejuicios (como el racismo). En cambio, la actividad principal de la corrupción estructurada es socavar la imparcialidad de los funcionarios para que distribuyan los beneficios y castigos a favor de los miembros de la red clientelista.

Con frecuencia, en América Latina, imparcial se define como aquel que se abstiene de consideraciones subjetivas y se centra en la objetividad al realizar un juicio. Se entiende como una cualidad de la persona. En consecuencia, se percibe que el problema es el carácter de aquel que no ignora consideraciones subjetivas, y la solución está en reemplazar a esta persona por otra que honre el principio de imparcialidad.

Esta definición ignora que un agente gubernamental será naturalmente libre de actuar sin favoritismos si su propio bienestar (y el de sus seres queridos) no está (a sabiendas) atado a su decisión. Lo opuesto derivaría en la creación de un conflicto de intereses, como, por ejemplo, en el caso de jueces y fiscales que pueden ser promovidos o destituidos por el aliado político del litigante. Por esta razón, la imparcialidad resulta, en gran medida, una condición situacional y usualmente no basta solo con cambiar al agente gubernamental. Cuando la estructura gubernamental crea conflictos de intereses, la solución requiere emplear herramientas organizacionales para eliminarlos o neutralizarlos.

En América Latina se le suele atribuir al carácter moral un peso excesivo como motivador de la conducta humana. Esto lleva a que otros elementos responsables de impulsar la conducta sean ignorados, lo que influye mucho en la formación de estrategias inefectivas contra la corrupción.

El carácter comprende el conjunto de cualidades estables (p. ej., valores y virtudes) propias de una persona que condicionan su conducta. Sin embargo, tal y como el error fundamental de atribución da a conocer, la idea de que el carácter es en todos los casos lo principal o lo único por considerar ignora que la situación repercute fuertemente en la conducta. Lo cierto es que las personas no son ángeles (ni lo pueden ser). Por esta razón, a mayor tentación u obstáculo creado por las circunstancias, mayor porcentaje de personas que tropezarán.

Un elemento palpable de las estructuras gubernamentales en los países que gozan de un Estado de derecho sólido es que estas se han diseñado para mejorar la situación al eliminar o neutralizar los conflictos de intereses; reconocen que no es prudente fiarse, únicamente, de la moral ni del altruismo. Dichas estructuras se estudian en detalle en la obra Estructuras para crear justicia: vanguardia del diseño constitucional.